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La morosidad constituye el principal enemigo de la empresa española

Las pequeñas y medianas empresas, en lo adelante PYMES, son las más afectadas por los impagos o la morosidad. Es de mencionar que son estas empresas las que representan hasta en un 90% la cantidad de emprendimientos totales de España, por lo que su principal enemigo no sólo se trata de un problema interno de las microempresas, sino también en un problema que afecta a todos y cada uno de los residentes del país.

Desde la aplicación, hace más de una década, de la Ley 3/2004 la morosidad en España comenzó a tener nombres y muchos apellidos. Aunque el dictamen legal iba por las vías correctas y se esperaba con esto una disminución hasta niveles irrisorios de los impagos en el colectivo comercial nacional, hasta la fecha los índices no sólo no han logrado reducirse sino que, por el contrario, se han visto ligeramente incrementados en algunos meses.

La morosidad es preocupante con todas las letras. Más aún si se trata de pequeñas y medianas empresas, que suponen el mayor colectivo corporativo del país y que, por normal denominación, deben ajustar mucho sus presupuestos para lograr mantener su operatividad, calidad, competitividad y niveles de desarrollo de acuerdo a sus objetivos propios. Un ajuste que cada vez se hace más difícil por la creciente falta de liquidez que supone no contar con los pagos a la fecha. El impago, en España, debe asumirse como un problema de interés nacional, y no particular.

La morosidad en España, en datos, es preocupante

Mientras que en Europa el rato de impagos por facturas vencidas llega sutilmente al 2,80%, en España esta cifra asciende hasta el 5,8%. Una duplicación que, por lo menos, resulta preocupante.

Pero además, en las negociaciones entre empresas, comúnmente llamadas B2B, la tardanza de pagos ocurre con mayor asiduidad. Mientras en Europa se paga en promedio a los 45 días, en España de nuevo, se duplica esta cifra hasta alcanzar más de los 96 días.

Y, eso, cuando realmente se paga. Aunque tarde.

Sin embargo, los datos por morosidad ascienden mes tras mes dejando tras de sí una huella de falta de liquidez en las empresas que dependen de pocos clientes, como es el caso de los profesionales autónomos y las pequeñas empresas. En este último caso, la mayoría ocupa el papel de proveedor a las administraciones públicas, quienes a su vez resultan ser las instituciones que más tiempo tardan en realizar sus pagos.

Los principales afectados

Las grandes empresas españolas tienen todavía bastantes estrategias alternativas para sortear las pequeñas crisis que producen los impagos. Desde acceso a créditos o extensiones de los mismos, hasta la posibilidad de utilizar juicios que, casualmente, suelen tener resoluciones más rápidas.

No obstante, los principales afectados por la morosidad española son los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, y los trabajadores de estas últimas. Se estima que el daño causado por la morosidad en España no se puede medir por euros, sino por miles de empresas que cierran sus puertas cada año, y cientos de miles de empleos que se eliminan del mercado laboral, potenciando las lamentables estadísticas del paro.

A veces por desconocimiento, a veces por incapacidad de acción o por la presión de los plazos, estos pequeños emprendedores no tienen más alternativa que afrontar el peor final. Las opciones son pocas y el marco legal, como se pudo dilucidar desde la aparición de la Ley 3/2004, ha resultado insuficiente.

El marco legal y las alternativas

Desde la publicación de la ley antes descrita, los juicios han sido la mejor manera de cobrar una factura. El problema principal en la actualidad es que el sistema judicial, de resolver a favor, puede tardarse entre el doble y el triple del tiempo, lo que no solucionaría en nada los problemas de liquidez que las empresas afrontan. En estos casos, no son pocos los emprendedores que dejan en el olvido tales pérdidas y las asumen como malas decisiones propias, o se encausan en propuestas secundarias para, al menos, recuperar parte del dinero.

Como alternativa a lo primero, estaban los agentes de cobro. Aunque su efectividad es mayor y pueden tener más eficiencia en el cobro, resultan costosos para algunas empresas y para los autónomos, y no garantizan de ninguna manera la resolución de los casos. De nuevo, la vía judicial evita plazos asumibles por los afectados.

La efectividad de Icired

Para autónomos y pequeñas empresas todavía existe una vía extra judicial y bastante rápida. Su nombre es Icired impagados.

Apoyándose en las nuevas tecnologías Icired aplica un sistema de publicación de deudas y morosidad en internet. De esta manera, las empresas deudoras aparecen en forma de alertas en Google cada vez que alguien busca información sobre ellas. Lo que ocurre es que se le comienzan a cerrar puertas a créditos, nuevos clientes, sociedades, y demás.

Para evitarlo, la empresa deudora no tiene otra alternativa que pagar la deuda contraída. Los usuarios satisfechos de este nuevo sistema se cuentan por miles y la efectividad supera el 70%. Además, su costo es muy bajo. Imprescindible para las PYMES y los autónomos.

 
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