El PP ha presentado un recurso ante la sentencia del Caso Nevada en la que pide un aumento de las condenas para el ex alcalde de Armilla Antonio Morales Cara, el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, y el promotor del centro, Tomás Olivo, además de que no se absuelva al resto de concejales del PSOE.

En el recurso que se ha presentado -el plazo finalizó ayer- el PP pide el aumento de penas al considerar que la repercusión de la actitud delictiva de los acusados y la gravedad de los hechos “merece una condena superior”.

La sentencia del caso Nevada condena a siete meses de cárcel y siete años de inhabilitación a Morales Cara y Gabriel Cañavate, y acuerda demoler una pequeña parte del inmueble por invadir zonas verdes, mientras que el PP pidió 15 meses de cárcel para ellos.

El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, que ha informado hoy en rueda de prensa del contenido del recurso, se ha quejado de la desaparición de 36 millones y de que es “el único caso de corrupción en España en el que no se está permitiendo que se investiguen los patrimonios”.

Para Tomás Olivo se pide el aumento de la pena por el delito contra la ordenación del territorio por el que ha sido condenado a siete meses de prisión, ya que “se ha beneficiado” en esos 36 millones de euros por sus “excesos urbanísticos”, al pasar el centro “de tener 66.000 metros cuadrados a los 275.000 construidos en la actualidad sin respetar la legalidad urbanística”.

Además, se presenta recurso contra la absolución de los concejales del PSOE que votaron a favor la licencia porque “tenían pleno conocimiento” y sabían que estaban votando “algo que era irregular”, según Pérez.

También se recurre contra la absolución por el delito de infidelidad en la custodia de documentos en relación al informe jurídico municipal desfavorable que desapareció, y recurso contra la absolución de Morales Cara y Cañavate por el delito de prevaricación urbanística relacionado con la ordenación del territorio.

Pérez se ha referido a que la autorización ambiental debería haber prescrito porque tenía una validez de dos años y ha criticado que la persona que la emitió era “el número dos de Gerardo Sánchez” en la delegación de Medio Ambiente y ahora es el asesor urbanístico del Ayuntamiento de Armilla.